Autora: Ena Matos, doctoranda Universidad Rovira i Virgili.
Ecuador se ha convertido en uno de los países latinoamericanos más afectados por el covid 19. ¿Están garantizados para los más pobres los derechos a la salud y a la alimentación? ¿Acaso el confinamiento ayuda a resolver el problema social de las familias marginadas? ¿Hay alternativas solidarias surgidas de los comandos políticos/estatales en esta emergencia?
Cuando el Gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno dictó el decreto de emergencia sanitaria nacional, el pasado 11 de marzo de 2020, sometió a la sociedad ecuatoriana a una medida surgida de los países occidentales. Esta disposición me hizo reflexionar sobre el conjunto de profesionales y el sistema de salud, sobre la manutención de las familias marginadas, y sobre aquellos trabajadores que sobreviven día a día en las calles.
Aparte de estos tres graves problemas, encuentro una ausencia coordinada del aparataje estatal. Basta ver la carta de Catalina Andramuño, quien renunció a su cargo de ministra de Salud porque no encontró eco en las instancias del Gobierno, resultándole “inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de salud pública y de la realidad”.
La falta de coordinación institucional en la esfera del Estado nos da claras luces sobre lo que sucede en Ecuador, como bien dice el epistemólogo ecuatoriano Daniel Ruiz: “No hay un plan de contingencia (…), y el país se maneja de manera improvisada, respondiendo a intereses políticos”. Esta anunciada y sostenida forma de actuación política debilita extremadamente la desnutrida emergencia.
Tras esta sombra que caracteriza al Gobierno, se gestionan las arcas públicas con el detonante del pago de la deuda a los acreedores del Estado, es decir, la priorización de recursos es pensada desde los mercados internacionales. Cabe mencionar, la profundidad de la crisis que azotará al país con la bajada del petróleo en momentos de emergencia sanitaria, como consecuencia de las políticas económicas y la presión ejercida por los organismos internacionales como el FMI.
Desde esa mirada, quizás sin esperanza, pero sí real, el acompañamiento de las estructuras básicas del sistema organizacional estatal y político, se vuelve inoperante hacia los asuntos sociales, e inaugura una recapitulación de elementos simbólicos acerca de la llamada democracia, donde los movimientos y partidos políticos, aunque se alimenten de la democracia, mejor dicho, del voto popular para sentarse en un buró estatal/institucional, las organizaciones sociales no dan abasto, tampoco las ayudas humanitarias.
La impavidez social, lastimosamente, es la que acaba con los principios de solidaridad y reciprocidad, y, por tanto, ahí no cabe la responsabilidad social, convirtiéndose los derechos fundamentales en un arado de minas, porque el más vivo sigue viviendo del tonto y el tonto de su trabajo, y cuando no hay trabajo, no hay dinero, porque todas las cosas se resuelven con dinero en un mundo plagado de intereses.
Y es en esa perspectiva donde cabe evaluar lo sanitario y lo social/humanitario a partir de la muestra de un pequeño cuadro que posibilite discusiones y debates. Las condiciones actuales en Ecuador son muy graves: en Guayaquil, los cadáveres con coronavirus están en las calles o se han aglutinado en lugares inadecuados, porque las morgues están colapsadas, y no es posible conseguir lo más básico, el paracetamol, peor aún respiradores y otros implementos.
Este déficit sanitario se refleja en los datos del 7 de abril, con 3.747 casos confirmados por coronavirus y 191 muertos. A esto se agrega, el anuncio del presidente en cadena nacional el 3 de abril, en medio de la crisis, indicando que el registro oficial sanitario está lejos de la realidad. Todo ello, permite revelar que la salud pública ecuatoriana tiene un diagnóstico tardío en los actuales momentos.
La gran mayoría de las familias ecuatorianas tienen pocos recursos y viven al día, una insuficiencia alimentaria que agrava la crisis. Muchos tendrán que salir a buscar comida y el hambre y la muerte contaminarán más las calles. En consecuencia, una mayor proliferación y crisis como resultado del caos social. Todo este conflicto desastroso puede llegar a una catástrofe histórica. Lo que aquí interesa realmente es que el Gobierno ecuatoriano reconozca sus actuaciones como una práctica política de corrección centrando la atención en las experiencias de aquellos colectivos vulnerables, localizando las zonas donde están los focos de insalubridad y pobreza.
La gripe española en 1918 en Ecuador
Mi propósito no está reducido a eclipsarse en cuestionamientos o fracasos, sino hurgar en actuaciones aplaudibles. Una de ellas es la brillante gestión política/estatal a principios del siglo XX, descrito por Germán Rodas, historiador ecuatoriano y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, en su artículo titulado La Gripe Española: la información de la prensa española y norteamericana que alertó la epidemia en el Ecuador y el rol del médico Isidro Ayora, quien destaca la labor responsable de las autoridades ecuatorianas frente a una situación de pandemia mundial que se circunscribió en la ciudad de Quito, a finales de 1918. Como apunta el citado autor, la crisis que pudo ser devastadora fue frenada por las respuestas profilácticas y curativas” (Rod, 2017: 138), articuladas por el pensamiento médico higienista de Isidro Ayora gracias a la información oportuna que llegó a Ecuador en octubre de 1918.
Cabe subrayar en esta realidad histórica, lo que cuenta Rodas sobre la descripción de las circunstancias. En su inicio, por iniciativa del Decano de la Facultad de Medicina se procede a publicar informaciones sobre prevención y se pone en marcha las medidas de emergencia a partir del mes de noviembre de 1918. Entre ellas, destaca la formación de la “policía sanitaria” y la labor de la asistencia pública cuando se delimitó a Quito en ocho zonas, cada una con la asistencia de un médico. Sus funciones durante la contingencia le permitían pedir ayuda, que incluía la presencia de estudiantes de la Facultad de Medicina. Fue clave en este proceso la disponibilidad de la “Policía Sanitaria” que cumplía las órdenes de los médicos de la ciudad, relacionadas con la obligación de transportar medicinas a las casas de los pacientes. Se decretó la expedición de recetas gratuitas en las farmacias, subsidiadas por el Estado destinadas a las familias más pobres.
Si bien todas las acciones sanitarias buscaban combatir el desarrollo de la epidemia, la alimentación no se quedó atrás. Según Rodas, se sostuvo un plan para el servicio de despacho de alimentos, en general, hubo una planeación que sostuvo los problemas de caos social, que incluyó la apertura de “cocinas gratuitas” en diferentes conventos, escuelas y hospitales, la distribución de alimentos a cargo de la llamada Policía Sanitaria, así como la instalación de pabellones asistenciales y la cooperación específica para el servicio de desinfección. Lo que distingue a este plan de convergencia, apuntado por Rodas, es la articulación eficiente entre el Gobierno, la Facultad de Medicina, la Municipalidad y la beneficencia pública, para vigilar la provisión de medicamentos y alimentos. Destaca el ejercicio del poder central junto al poder local en la definición de acciones en torno a un plan diseñado por la Facultad de Medicina, que responde a un marco orientador de higienismo público ante enfermedades contagiosas y de epidemia (Rod, 2017: 138-150).
Este proceso sobre la asistencia pública ecuatoriana y demás especificidades que no se apuntan, han posibilitado a Germán Rodas evaluar las acciones de esa época, observando que el plan diseñado para resistir la crisis pandémica en aquel momento, aun cuando respondieron a muchas demandas sociales, no fueron conducidas eficientemente por motivos de “las carencias de infraestructura y las dificultades provocadas por la falta de coordinación inter-institucional” (Rod, 2017: 157).
Mercantilización de la salud
La (des)coordinación institucional en la práctica expresa el repertorio del poder político, así como las desigualdades en los procesos de crisis. Sin embargo, ese desencuentro entre la práctica y el poder podría remediarse de algún modo —insisto— reconociendo la gravedad de la situación actual sobre la crisis sanitaria, pero, sobre todo, no cerrando los ojos a las consecuencias sociales, políticas, económicas y ambientales.
De tal suerte que las condiciones de salud provocada por el coronavirus, implique comprender su alteración. Desde el punto de vista de profesionales de la salud, se deteriora aún más, cuando hay estados de marginalidad/pobreza/desprotección, incidiendo también los procesos socio-biológicos o socio genéticos.
Ahora bien, la cuestión no termina ahí, cuando pensamos en el problema de mercantilización de la salud, un tema que merece poner en una balanza los problemas humanos provocados por la pandemia, es decir, colocar en un plato, lo social/humanitario, y, en el otro, aspectos como lo económico, empresarial y político.
Sin embargo, encontrar un punto de equilibrio implica repensar en nuevas lógicas de (re)construcción. Sin pretender ir más lejos, lo que interesa plantear es el tema de la salud, como un espacio de interés privado. No sorprende entonces que la salud se convierta en un asunto privado y no público, enclaustrando el derecho a la salud. Así, la medicina, las vacunas, y todo lo que implique sanidad es fabricado por las corporaciones transnacionales farmacéuticas, quienes tienen el monopolio concedido por los diferentes gobiernos a través de las patentes farmacéuticas. Este tipo de concesiones es lo que ha permitido que las organizaciones privadas tengan en su poder la investigación en temas definidos por el mercado, promovidas por el encuadramiento jurídico e institucional y las relaciones de dependencia estructural del sistema mundial.
Aunque la Constitución del Buen Vivir en Ecuador haya establecido como estrategia para el desarrollo de la ciencia y el progreso la “Sociedad del Conocimiento”, la dificultad que encuentro es la colaboración subalterna de la academia y los centros de investigación, en la manipulación de los recursos genéticos y de animales silvestres, así como el suministro de los saberes/conocimientos de los pueblos originarios. Una apuesta al servicio del mercado, pero, como proveedores de recursos/informativos (llamados recursos infinitos) frente al traslado de recursos de financiación para la investigación en estas áreas. Lo que persiste son las condiciones no simétricas en este tipo de acuerdos, derivadas del sistema de propiedad intelectual. Un régimen cognitivo que persigue el interés de apropiación/acumulación de conocimientos/investigaciones para generar más ganancia, desconociendo derechos de otras organizaciones/comunidades donde se desarrollan conocimientos específicos para la salud. Las corporaciones transnacionales incursionan los espacios, las especies y los recursos, y, en esa comprensión, se traduce el problema actual de la pandemia del coronavirus, particularmente, porque la salud se ha convertido en una mercancía.
Lo que he intentado mostrar en estas líneas, son las acciones de quienes tienen la gran oportunidad de gobernar el Estado ecuatoriano. Dicho Estado, como es sabido, en su origen, se promovió en torno a intereses monárquicos/burgueses/liberales para la explotación de recursos; en esencia, el Estado de bienestar no fue pensado ni instituido desde su inicio; por ello, no se establecieron principios de reciprocidad o solidaridad orientados para un proyecto social. Lamentablemente, perdura el colonialismo y el monismo jurídico en el que se asienta el Estado moderno, donde surge el capitalismo, encasillándose el bienestar, pero del proyecto económico llamado “progreso”.
(Artículo publicado el 7 abril del 2020, en https://www.elsaltodiario.com/mapas/ecuador-frente-al-coronavirus?fbclid=IwAR1k-1x77muG1rLuARENblSQYdJy6d-Ro7_KPKMg8bt5WlkBph-JYGZbnHk).